La crisis inmobiliaria obliga a cambiar de estrategia. Los grandes del sector han inventado un nuevo lobby y ponen al frente a un ex alto funcionario. El elegido es un ex secretario de Estado de Economía de los gobiernos socialistas. El encargo de Pedro Pérez es claro: engrasar el engranaje entre el sector y la Administración, que el mercado vuelva por sus fueros.

El programa del secretario general del G-14, que así es como se llama el lobby, se resume en una palabra: transparencia. La crisis le ocupa, pero no le preocupa. “La coyuntura es pasajera por definición y todos los problemas se pueden abordar. Tenemos la experiencia de otras crisis. En los años 80 había demanda insatisfecha, en el 93 la demanda se hundió. Ahora hay una demanda de 450.000 nuevos hogares por año.

España es otro país, en otra coyuntura, y tenemos los recursos para salir de cualquier situación”, señala. La prueba de que estamos en otro país es que “hay tres millones de familias monoparentales, solteros, separados y divorciados, que demandan pisos de menos de 70 metros, un producto que escasea, y hay una demanda muy fuerte de VPO. Muy malos tendríamos que ser para no mantener el empleo y satisfacer las necesidades de vivienda”, advierte Pérez. Por otro lado, el sector agradecería que se hablara con rigor. “Para empezar –dice–, no admito la tesis de que el inmobiliario ha entrado en caída libre.

Podemos hablar de desaceleración, no de otra cosa. Tendríamos que deshacer un error muy extendido: en España nunca se han construido 800.000 viviendas anuales, ni siquiera 600.000”. En su opinión, “de malas cifras y peores comparaciones vienen juicios catastróficos como los que circulan ahora”. El G-14 estima que el empleo que no se creará por el parón estaría en torno a 250.000 puestos de trabajo en 2008 y 2009. Cualquier otra cifra publicada les parece un disparate. Los inmobiliarios creen firmemente que el euríbor se estabilizará y la demanda volverá en cuanto mejore la coyuntura. “Estamos hablando de un bien de primera necesidad, difícilmente prescindible, y la primera y más importante decisión de inversión de las familias”, señala.

Todos a una
Las reivindicaciones del G-14 llevan varios meses en la mesa de la Administración: más suelo y a mejores precios, reglas claras para urbanizar y edificar, plazos razonables para obtener licencias, cero discrecionalidad en la tramitación administrativa, luz y taquígrafos, que ayuntamientos y comunidades autónomas hagan sus deberes. “Hemos hablado con las autonomías, y con la FEMP [Federación de Municipios y Provincias] para clarificar los procedimientos y plazos. No es de recibo tardar dos años en obtener una licencia; se tarda menos en Marruecos o México”, señala. Los ayuntamientos tienen la llave del suelo y las licencias, el G-14 cree que el diálogo va por buen camino. Otro frente abierto es el de la financiación. “En este sector –dice–, no se hace nada sin financiación, y nada es nada.”. En este momento, con el grifo cerrado por bancos y cajas, los inmobiliarios buscan apoyo político para romper ese nudo.

La crisis de las hipotecas basura parece superada, “pero los mercados no terminan de volver a la normalidad”, señala Pérez. Entre tanto, la crisis sigue aterrizando sigilosamente. Las ventas han caído un 30% y el número de viviendas iniciadas ha bajado un 40% desde el mes de agosto. Pérez no entra a discutir las cifras “porque el tema es muy complicado y tendríamos que clarificar de qué estamos hablando”. Lo que sí le parece importante es el parón de los precios, que el sector admite que van camino de la congelación e incluso pueden registrar descensos reales (crecimientos por debajo del índice de inflación). El frente más peliagudo es la transparencia. Las grandes inmobiliarias se han apresurado a desmarcarse. Ninguna de las firmas del G-14 está salpicada por escándalos. “Lo normal –según Pedro Pérez– sería que nadie se ponga esta medalla, pero en este grupo no hay nadie salpicado”.

Él habla en nombre de quienes representa, el 9% del sector, no por 40.000 promotores inmobiliarios. Para el G-14 cerrar la puerta a la corrupción supone “eliminar de la legislación todos los resquicios que permitan irregularidades, suprimir la discrecionalidad, reglar con claridad los procedimientos y plazos”. Es tan fácil como “colgar en Internet todos los expedientes de urbanización, permitir el acceso público y universal a todo lo que se tramita en los ayuntamientos”.

El suelo, sin solución
La otra eterna cuestión pendiente es la repercusión del suelo en el precio de la vivienda. El suelo supone más del 50% del coste final, y no tiene pinta de que baje a corto plazo. No por casualidad la primera reivindicación del G-14 es abaratar el suelo. “No es de recibo suelo caro en España, que no es Hong Kong ni Singapur. Aquí hay suelo en cantidades industriales.

Tampoco son razonables los plazos que se emplean para hacer las promociones, todo eso tiene un coste, y al final alguien lo paga”, dice el secretario del G-14. La clave es la política de suelo y fiscal de los ayuntamientos. “Los municipios –advierte–, tendrán que revisar sus fuentes de ingresos, lo que implica reformas políticas para producir más vivienda y más accesible”.

Al final todo se resume en precios altos, inaccesibles para la mayoría de la población. “La vivienda –añade– siempre ha sido cara, especialmente los últimos diez años, pero esto no tiene solución sin la implicación de todos los que intervienen en el mercado.